El Fondo Mundial financió la adquisición de 130 millones de preservativos en un país ejecutor de programas. El Ministerio de Salud era el Receptor Principal. Después de un proceso de licitación, el Receptor Principal seleccionó a una empresa comercial local para que se encargara de suministrar los preservativos. La empresa presentó aparentemente la mejor propuesta y, según los documentos facilitados durante el proceso, cumplía todos los requisitos. En sus documentos de licitación, la empresa declaró que los preservativos procedían de un fabricante certificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como lo exige la normativa gubernamental del país.

Los preservativos se importaron y distribuyeron a las poblaciones en riesgo, tales como trabajadores sexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Los usuarios se quejaron de la calidad de los preservativos y el Ministerio de Salud los sometió a una prueba. Resultó que los preservativos eran defectuosos y no eran aptos para su uso. No protegían a los usuarios y eran ineficaces para detener la propagación del VIH.

A partir de la información recibida de la Secretaría y del Agente Local del Fondo en el país, la Oficina del Inspector General investigó el caso y llegó a las siguientes conclusiones: en su propuesta de licitación, el proveedor había presentado documentos, incluido un formulario de autorización del fabricante, que daba la impresión de que los preservativos habían sido producidos por un fabricante certificado por la OMS. Sin embargo, la OIG pudo probar que el formulario de autorización del fabricante era falso. Las declaraciones falsas presentadas por la empresa ocultaban el verdadero origen de los productos. En realidad, los preservativos habían sido fabricados por múltiples empresas poco fiables, que no contaban con autorización para producir preservativos ya que no cumplían con los estándares mínimos de calidad. El resultado fue que el proveedor local obtuvo un gran beneficio ya que sus cálculos del precio se basaban en el precio de los preservativos de calidad. La Oficina del Inspector General demostró que ese proveedor estaba actuando de manera fraudulenta para lucrarse.

El Ministerio de Salud tuvo que retirar los preservativos de la circulación. Recuperó los beneficios económicos que el proveedor había conseguido de manera ilegal. El Fondo Mundial prohibió que el proveedor participara en nuevas adquisiciones financiadas mediante subvenciones del Fondo Mundial.